El Gobierno establece por decreto que el Supremo tendrá la última palabra en las restricciones que impongan las comunidades

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El Gobierno establece por decreto que el Supremo tendrá la última palabra en las restricciones que impongan las comunidades

El Gobierno ha decidido que el estado de alarma decaiga el próximo 9 de mayo, pero las comunidades contarán con un mecanismo legal para intentar eludir la disparidad de decisiones de la justicia en lo que respecta a las restricciones que tomarán a partir de ahora. El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto en el que extenderá varias medidas del llamado escudo social, pero también incorpora una novedad en el ámbito del orden contencioso-administrativo: permitirá a las autonomías recurrir en casación ante el Tribunal Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia que tumben sus medidas, como el toque de queda o los cierres perimetrales. Algo que hasta ahora no podían hacer. De esta forma, el Alto Tribunal tendrá la última palabra y podrá dictar jurisprudencia.

A partir del próximo día 9, las comunidades necesitarán aval judicial para imponer determinadas restricciones, y en ocasiones los criterios que tienen los tribunales son dispares, de manera que puede darse la situación de que autoricen una medida en un territorio, pero no en otro. Así pasó ya en verano en varios casos. Por eso, algunos ejecutivos autonómicos han presionado en las últimas semanas al Gobierno para que extienda el estado de alarma, entre ellas Euskadi, Galicia o Castilla y León. El Ejecutivo, sin embargo, se ha mantenido en su decisión y ha insistido en que existen "herramientas suficientes" para hacer frente al virus sin necesidad de la declaración excepcional, decía ayer mismo la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros, adelantado por la Cadena Ser, incluye la prórroga tres meses más de una batería de medidas sociales vinculadas al estado de alarma, tal y como anunció ya Pedro Sánchez en el Congreso a mediados de abril. Una de ellas es la autorización a los sanitarios jubilados para que pudieran ejercer durante la pandemia compatibilizando la actividad con la pensión que perciben, una medida que han puesto en marcha varias comunidades autónomas especialmente durante el proceso de vacunación. En el ámbito sanitario, se establecerán también medidas "para controlar los pasajeros internacionales", aunque el Gobierno no ha concretado aún cuáles.

También hasta el 9 de agosto se mantendrá la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, además de la prohibición en los cortes de suministros eléctricos. En el ámbito de la violencia de género, se prorroga la declaración como servicios esenciales de los recursos que atienden a las víctimas. Alarga también, en este caso hasta el 31 de diciembre, la suspensión de las reuniones de las juntas de propietarios de las comunidades.